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Habla con tus diputados, es tu derecho

Ley Sinde

Estos días se tramita la Ley de Economía Sostenible (LES) y dentro de ella, la Disposición Final conocida como “Ley Sinde”. Sus Señorías se han molestado mucho recientemente por los correos electrónicos de personas indignadas con esta Ley, correos que procedieron a borrar sistemáticamente sin ni siquiera leerlos, en una muestra más de absoluto desprecio a la democracia.

Es también posible que prefieran vías de comunicación más clásicas como el teléfono, así que ponemos a disposición de los internautas los teléfonos de contacto de los grupos políticos del Congreso, en los casos que ha sido posible encontrar alguno. Con honrosas excepciones, no parece que abrir vías de comunicación con la sociedad sea algo prioritario para los grupos políticos, que una vez conseguido el voto de los ciudadanos, construyen una muralla a su alrededor para que éstos no los “molesten” con sus preocupaciones.
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El gobierno contra los ciudadanos digitales

El Consejo de Ministros acaba de aprobar el proyecto de ley de economía sostenible y de anunciar que lo envía a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Todavía habrá que agradecerles que no lo aprueben por la vía rápida mediante un Decreto-Ley. Han transcurrido tres meses y medio después de que el lobby internacional del copyright introdujese, en un Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que nada tenía que ver con la propiedad intelectual, una ominosa Disposición Final Primera destinada a cerrar impunemente páginas web sin intervención judicial. En el camino queda una fuerte movilización en internet, falsas promesas de volver a ser recibidos para consultas, las críticas de varios de los organismos pertinentes consultados sobre la misma y unas pequeñas modificaciones cosméticas en el texto que no varían en absoluto el alcance y espíritu de las medidas.

En síntesis lo que tenemos es un proyecto de ley que, salvo que algo cambie radicalmente, será aprobado sin modificaciones o con cambios mínimos por el parlamento, y que permitirá a una comisión administrativa dependiente del ministerio de cultura cerrar las páginas web que le parezca pertinente. Para empeorar todavía más el asunto, la composición de dicha comisión no se establece en la ley ni se conoce, aunque todo apunta a que en ella estarán presentes las entidades de gestión. Una vez decidido el cierre, un juez revisará que no se vulneran la libertad de expresión o de información, pero no entrará en el fondo de la cuestión. No revisará si efectivamente hubo o no una vulneración de derechos de propiedad intelectual. Ante este cierre, cabrá recurrir por la vía ordinaria y ver si después de unos años la justicia te da la razón y puedes volver a abrir tu web. Eso sí, incluso si al final ganas, olvídate de que alguien te vaya a compensar. Es, con toda claridad, una justicia paralela. Una justicia que no es justicia.

La defensa de la propiedad intelectual se convertirá así en la gran excusa para censurar y controlar internet. Cualquier página web es susceptible de estar infringiendo derechos de propiedad intelectual desde el punto de vista de los interesados, que serán muy probablemente los que controlen la comisión. Se impondrá la interpretación de que enlazar a contenidos protegidos equivale a publicarlos, aunque los jueces se empeñen en decir lo contrario. Y con ello todas las webs con enlaces, y la estructura misma de Internet estarán en peligro. Así, se podrán cerrar páginas molestas de todo tipo. Es más, si funciona como pretenden sus impulsores, ni siquiera esto hará falta. Habrán creado un régimen de autocensura suficiente para que la gente no se atreva a publicar según qué cosas. O para que una simple amenaza de denuncia ante la comisión baste para que se retiren los contenidos o críticas no deseados.

El envío al parlamento del proyecto de ley en estos términos, y más en las circunstancias en las que se ha hecho (sin dar a conocer el texto, sin mencionarlo en rueda de prensa, sin mencionarlo en un dossier de más de 60 páginas, sin permitir que hubiera preguntas sobre el tema en la misma), viene a consumar una importante brecha digital entre la sociedad en internet y nuestra clase política, con el gobierno al frente.

Internet se ha convertido en una plataforma de comunicación, de expresión, de información y de innovación sin precedentes en la historia de la humanidad. Es, sin duda, un elemento clave para el progreso de las sociedades modernas. Es a la sociedad del siglo XXI lo que la electricidad fue a la de finales del XIX. La base sobre la que se construye la sociedad del futuro, sobre la que se cimientan todas las demás innovaciones. Pretender impulsar la economía sostenible y la innovación de espaldas a internet es no haber entendido nada. Es condenar a España a perderse la revolución digital, de la misma forma que nos perdimos la revolución industrial.

La clase política, con la complicidad de buena parte de los medios tradicionales, ha calculado que la protesta de internet no iría a más. Que estaba hecha de gaseosa. Que con manejar bien los mensajes, como han hecho siempre, bastará para que el asunto se olvide, para que no haya movilización ni contestación, para que se quede en unos pocos protestando en el vacío, sin ninguna repercusión en el mundo físico. Ellos están organizados. Saben cómo moverse, como influir. Saben cómo hacer para que un asunto pase inadvertido, para que no se pregunte por él. Y piensan que, esta vez también, van a salirse con la suya.

Yo creo que no. Que hemos traspasado ya un umbral invisible pero importante. Que el número de personas que están en internet, que la usan todos los días y que la valoran como algo realmente imprescindible en sus vidas es mucho más alto de lo que los políticos se imaginan. Somos muchos los que consideramos que el tratamiento que se haga en política de internet es un asunto clave. Capaz de cambiar nuestro voto. Capaz de hacer que nos movilicemos y nos organicemos. Si nos atacan, nos defenderemos. En nuestro terreno encontraremos medios tecnológicos para esquivar sus intentos de control y de censura. En el suyo poco a poco iremos ganando espacios. Iremos organizándonos, iremos actuando.

Sé que no somos decenas de millones. Pero también sé que cada día somos más. Y que cada día tomamos más conciencia de nuestro número y de nuestro poder para cambiar las cosas. No será cosa de unos días. Puede que no consigamos parar esta ley. Pero estamos creciendo, estamos haciéndonos más fuertes. Y estamos tomando nota.

Via nacionred

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Las Entidades de Gestión están contra las cuerdas

Copio literalmente un artículo de FayerWayer (escrito por Chus Vilallonga) que resume muy bien los últimos acontecimientos sobre el cierre de webs.

Los internautas ya estamos listos; venid a por nosotros
Los internautas ya estamos listos; venid a por nosotros

Ha ocurrido un interesante y no poco importante giro de los acontecimientos en relación a los derechos y libertades de Internet y sobre los derechos de autor.
Ayer mismo explicaba que la subcomisión de propiedad Intelectual, que pretende marcar las pautas no vinculantes de la reforma de la ley, tiene en sus filas a todas las entidades de gestión y una representación casi nula de los internautas. Dicha Ley tiene una relación directa con parte de la Ley de Economía Sostenible, que pretende cerrar paginas web por la vía adminsitrativa y sólo judicialmente en una medida casi nula; como comenté, todo está conectado.
La subcomisión inicia hoy sus trabajos y teóricamente los representantes de dichas organizaciones tenían de antemano la batalla ganada, teniendo en cuenta como han ido las cosas hasta el momento. Pues parece que no lo tienen tan fácil. Y es más: tienen por primera vez posibilidades de perder estrepitosamente.

Justo en el momento en que se inicia la que teóricamente será la recta final de todo este asunto, aparecen informaciones a nivel nacional -y no rumores, sino informaciones contrastadas- que demuestran que hay que hacer un cambio de rumbo con efectos inmediatos. La cuestión es que esta vez no provienen de internautas a nivel organizativo, sino que provienen de partidos políticos y comisiones administrativas entre otros, y lo más importante: el eco llega a todos los medios de información del país. A continuación algunos ejemplos:

  • La Comisión Nacional de la Competencia sacó a la luz un informe en el que afirma que las entidades de Gestión mantienen una posición de monopolio. Se hacen eco, entre otros, rotativos como El PaísEl MundoPúblicoABC, o Economista, y en el momento de escribir este artículo, es tema de debate en 4 de las 6 cadenas de televisión nacionales.
  • Todos los partidos políticos nacionales, a excepción del partido mayoritario de la oposición pedirán mañana al Gobierno la retirada íntegra del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. El partido mayoritario de la oposición por ahora no se ha manifestado, pero se mostró a favor de los derechos de los internautas cuando estalló la polémica, por encima de la protección de los derechos de autor.
  • Trabajadores de la SGAE, entidad de gestión de derechos de autor y uno de los principales impulsores de la reforma, piden una auditoría interna ante una presunta malversación de fondos tildada, literalmente, de despilfarro. Esto tiene relación directa con presuntos tratos de favorrecibidos por la organización, con la adquisición de bienes de coste millonario por parte de la misma, o por los planes de jubilación de los directivos con los que se podría alimentar un país del tercer mundo. Si, esta es la misma organización que pretende cobrar a las peluquerías por poner la radio.
  • Dos abogados especializados en Internet, David Bravo y Javier de la Cueva, invitan a todo el país a unirse en una acción jurídica conjunta contra el Estado, por vulnerar las directivas comunitarias europeas, y por monopolio de las entidades de gestión.

Ahora si; empieza el debate, pero el debate de verdad. A esto nos han empujado.

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